Repartidores se unen para combatir vacíos legales e inseguridad vial

José Manuel Matías decidió comenzar a repartir comida a través de una de las apps que existen, en su primer día de trabajo fue mortalmente arrollado por un tráiler al sur de la ciudad.

A partir de ahí, repartidores de diversas plataformas comenzaron a unirse. Primero, se realizó una manifestación frente al Senado que avanzó hasta las oficinas de la otrora Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a unas cuadras sobre Avenida Insurgentes.

Fue el año pasado y fueron poco más de 100.  Así nació #NiUnRepartidorMenos.

Organizados para pedir mejores condiciones de trabajo

Se comenzaron a organizar, plantearon escenarios y una serie de exigencias, tanto a las autoridades como a las mismas empresas que, cuando les conviene, los ven como socios y cuando no, como un número que no llega a ser empleado.

Quienes te salvan de tu flojera por salir a comprar alimentos son personas que han encontrado en estas plataformas una forma de tener un ingreso, aunque precario, sin prestaciones, ni seguridad.

repartidores
Foto: Afid Oyoky, repartidor.

No tienen seguridad social, ni seguro médico, ni certeza laboral ni legal.

Son “desactivados” sin derecho de réplica y si sufren un accidente haciendo una entrega, nadie responde por ellas y ellos.

La responsabilidad de las empresas

Ante este escenario adverso, más de 500 repartidoras y repartidores de todas las plataformas se han organizado para generar un frente común que les permita mejorar sus condiciones laborales.

Foto: Afid Oyoky, repartidor.

Saúl Gómez, organizador de #NiUnRepartidorMenos –grupo en el que se han conglomerado las personas que exigen mejores condiciones de trabajo– explica sus exigencias:

“Necesitamos que las empresas se replanteen la relación con los repartidores. Somos la cara de la empresa pero nos ponen muchas trabas, incluso nos exigen trabajar con sus mochilas que nos venden (hasta $700 o 100 viajes, dependiendo de la app), también nos venden impermeables, chamarras y otros equipos para hacer nuestro trabajo”.

Saúl Gómez, repartidor y miembro de #NiUnRepartidorMenos

Además, el que las empresas acepten pagos en efectivo ha propiciado que los asaltos al gremio aumenten, pues los delincuentes saben que cargan con dinero físico.

Por otra parte, el esquema de “castigos” provoca que los repartidores acepten viajes sumamente largos o pesados, ya que si no los aceptan son desactivados, por lo que se quedan sin trabajo desde un par de horas hasta de forma permanente.

Estas “desactivaciones” también han sido usadas por algunas plataformas para callar las quejas; si un repartidor levanta la voz, es desactivado.

Foto: Afid Oyoky, repartidor.

El gobierno también tiene trabajo pendiente

La organización #NiUnRepartidorMenos, con más de 500 personas reunidas, también pide a las autoridades una regulación sobre este nuevo modelo de trabajo.

“Es importante que la ley nos reconozca como empleados y no como asociados; que (las plataformas) se hagan responsables de las muertes y lesiones que sucedan mientras estamos conectados.

“Es indignante la manera en la que las empresas se deslindan para no asumir ninguna responsabilidad. Este trabajo es la única fuente de ingreso de muchos compañeros que son sustento de sus familias”, explica Gómez.

Organización autogestiva

Por el momento, mientras luchan por mejorar sus condiciones laborales; #NiUnRepartidorMenos ha comenzado una campaña de “rayado de mochilas” con la que buscan organizarse de manera autogestiva y tener una base de datos que ayude a responder de mejor manera ante un incidente vial.

“Los repartidores se registran con sus datos y un contacto de emergencia, se les asigna un número y hacemos jornadas de rayado de mochilas para poner el hashtag, el número con el que los podremos identificar más rápido y mensajes de seguridad como ‘en caso de accidente, no me quites el casco’, entre otros”, aclara Saúl Gómez.

El modelo de “economía compartida” navega con la bandera de generadora de empleos y oportunidades para la libertad económica.

Lo que no muestra es que las personas que mueven las iniciativas como las appa de reparto, están en un vacío legal donde lo último que encuentran es un empleo seguro.

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